Los 35.000 millones de dólares vertidos desde el 2001 no han aliviado la miseria.
di Beatriz Navarro, 2 apr. 2010
El informe critica las corruptelas y abusos de poder entre los afganos, pero también el enfoque occidental.
El "nuevo amanecer" que la comunidad internacional prometió al pueblo afgano en la conferencia de Bonn, celebrada en diciembre del 2001 tras la caída del régimen talibán, está muy lejos de haberse materializado.
De poco han servido los 35.000 millones de dólares que las Naciones Unidas calcula que la comunidad internacional ha invertido en el país desde entonces:más de dos tercios de la población sufre pobreza extrema, sólo un 23% tiene acceso a agua potable y apenas un 24% sabe leer y escribir. Afganistán no ha abandonado la cola de los indicadores de desarrollo humano, mientras que el nivel de corrupción, según Transparencia Internacional, ha aumentado hasta ser el segundo del mundo.La corrupción, los abusos de poder y la exclusión social están detrás de esta situación de extrema pobreza y violaciones de los derechos humanos que, según denuncia un demoledor informe publicado esta semana, la ayuda internacional ha sido incapaz de aliviar, al guiarse más por sus propios intereses militares y políticos que por las necesidades de Afganistán. Es un país en guerra, pero la pobreza, resumió Norah Niland, representante local de la ONU para los derechos humanos, "mata a más afganos que el propio conflicto armado".El informe constata que la población local ha perdido la ilusión y la confianza en las mejoras que la mayor atención internacional podían aportar a su país y que sus propios dirigentes tampoco ofrecen. Las mujeres, las minorías étnicas y los discapacitados sufren las mayores discriminaciones de un sistema infectado por la corrupción "que limita el acceso a los servicios básicos a una amplia parte de la población". El documento critica el favoritismo y las corruptelas de los políticos afganos, pero también censura la actitud de la comunidad internacional, que gestiona al menos tres cuartas partes del montante total de la ayuda.Entre un 15% y un 30% de la ayuda gastada por los donantes en el país se dedica a garantizar su propia seguridad. A veces la empresa contratada ni siquiera ofrece los servicios prometidos, como a raíz de la información publicada por Libération ha reconocido la Comisión Europa respecto al contrato de 27 millones de euros para la protección de su oficina en Kabul. El caso ha llevado al eurodiputado Pino Arlacchi a pedir una investigación interna sobre ese encargo para una labor de protección "que podía haber hecho cualquier policía europea con mejores resultados y por un tercio de ese precio"."La cuestión de dónde acaba realmente el dinero sigue siendo motivo de preocupación", denuncia el informe, que estima que el 40% de la ayuda internacional "vuelve al país donante en forma de tarifas de consultoría, sobreprecios y beneficios empresariales". Aunque reconoce la legitimidad de las quejas por el impacto de la corrupción y la inseguridad en la realización de proyectos, el problema de fondo en el uso de la ayuda es que "se define por objetivos militares, más que por las prioridades afganas de reconstrucción y desarrollo".El informe de la ONU concluye que la pobreza en Afganistán no es "ni accidental ni inevitable", y recomienda actuar sobre las violaciones de derechos humanos que alimentan la exclusión y entender mejor las necesidades de la población consultando a los afectados y actuando contra el clima de impunidad que tolera desigualdades y abusos.